Alrededor de 50 comunidades indígenas junto con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han conformado un bloque opositor al gobierno de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles Conejo. Él espera que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) sea favorable acerca de los hechos acontecidos el pasado 5 de marzo, cuando la policía incursionó en la comunidad de Arantepacua para recuperar más de veinte autobuses secuestrados. El problema es que existió un abuso de la fuerza contra la población, la cual se replegó ante la embestida de 500 elementos. Tampoco ayudan los cuatro comuneros muertos, entre ellos, el menor de edad Luis Gustavo Hernández Cuenete, quien salió del bachiller y quiso dirigirse a su casa cuando fue herido en el camino y trasladado a “la loma” donde los representantes de la ley le dieron el tiro de gracia.
No podemos olvidar a los siete policías que resultaron heridos. En la versión oficial se estableció que fueron emboscados, los coches y autobuses afectados en la reyerta presentaron orificios de ambos lados producto de un fuego cruzado. Días después aseguraron que en la comunidad estaban infiltrados miembros de la célula de Los Viagras de Benito Morales alias el Benny. Curiosamente, en mayo del 2016 fue apresado y apaleado por pobladores del municipio de Nahuatzen, quienes lo entregaron a las autoridades; a pesar que en ese entonces era un lugarteniente de medio pelo, recupero la libertad.
Cabe destacar que los adversarios del gobierno michoacano tienen fracturas internas; el ala radical busca desestabilizar a la administración estatal, pide un juicio político contra el gobernador y el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona. A su pliego petitorio se suma la indemnización económica a los familiares afectados y la reparación de los daños materiales ocasionados en los cateos realizados por la policía y el ejército. Sin embargo, enfrentan a un sector moderado que desea el diálogo con las autoridades para resolver el conflicto de tierra entre Arantepacua y Carapan. Caso nada quiere que se respete un acuerdo de 1941 y celebrar una asamblea estatal de indígenas.
Por lo pronto, el gobierno estatal liberó a los diez comuneros detenidos el 5 de marzo y el gobernador se sentó a dialogar con la CNTE, en un intento de evitar que crezca más el conflicto.
Sin embargo, esto no detiene que los integrantes del gabinete silvanista luchen por imponer al posible mandatario interino en caso de concretarse la candidatura presidencial de Aureoles Conejo. Entre los afectados se encuentra el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, de continuar la presión contra él tendría que sacrificar al subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, quien antes de que se desatara la tragedia llevaba la negociación con la comunidad de Arantepacua, y el mismo 5 de marzo casi había llegado a un acuerdo con los comuneros. Su pecado es no pertenecer al Foro Nuevo Sol que predomina en la entidad.
Ironía de la política, en el 2011 Hurtado Arévalo fue candidato a diputado local por el distrito de Zacapu; en Arantepacua lo trataban de una manera especial. Hoy abuchean su nombre y piden que todos los partidos políticos sean expulsados de la comunidad.
De darse las cosas de este modo, el hermano del gobernador, Antonio García Conejo saldría fortalecido, podría impulsar al suceso del mandatario, quien tendría que cargar con lo sucedido en su posible campaña presidencial. Esto lo sabe el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien quiere ser el candidato presidencial del PRD, por eso no es extraño que esté detrás del fuego amigo contra Aureoles Conejo.