La reforma para fortalecer la soberanía nacional fue aprobada por los diputados, reforzando la integridad y seguridad del país frente a intervenciones externas.
La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma destinada a fortalecer la soberanía nacional; En la votación general, 417 diputados votaron a favor, 36 en contra y no hubo abstenciones; en la votación particular, el resultado fue de 327 a favor, 116 en contra y 0 abstenciones.
Estas medidas fueron propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la decisión de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y sus presiones arancelarias relacionadas con el tráfico migratorio y de drogas en la frontera, especialmente de fentanilo.
La reforma
La reforma modifica los artículos 19 y 40 de la Constitución, afirmando que México no permitirá intervenciones externas que comprometan su integridad, tales como golpes de Estado, violaciones territoriales por tierra, mar o aire, y presiones políticas o económicas de otras naciones.
Además, se establece que cualquier extranjero implicado en el tráfico de armas, financiación del crimen organizado o actividades ilegales en México enfrentará la pena más severa y prisión preventiva oficiosa.
La reforma también prohíbe cualquier intervención en investigaciones o procesos judiciales sin la autorización del Estado mexicano.
Estas disposiciones se alinean con las leyes nacionales e internacionales, destacando la importancia de una cooperación regulada y respetuosa de la soberanía del país.
Prisión preventiva oficiosa
Entre las medidas destacadas, se incluye la obligación de los jueces de dictar prisión preventiva oficiosa en casos de terrorismo y sanciones más severas para quienes participen en actividades ilícitas con armas.
Esto abarca la fabricación, distribución, traslado o introducción ilegal de armas en México. Para los extranjeros involucrados, se aplicará la pena más estricta y prisión preventiva oficiosa.
Sanciones para extranjeros
La reforma también estipula sanciones para extranjeros que realicen actividades ilegales relacionadas con los principios del artículo 40 de la Constitución Mexicana.
Estas medidas buscan reforzar el control sobre actos que puedan amenazar la seguridad y estabilidad del país.