Ciudad de México.-Con muchas opiniones encontradas entre senadores, diputados, partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos y la sociedad civil, la madrugada de este viernes quedó aprobada en lo general y en lo particular la Ley de Seguridad Interior.
Dicho debate que comenzó este jueves al filo de las 14:40 horas concluyó apenas la mañana de este viernes, al rededor de las tres de la mañana se aprobó en lo general para que cerca de las 7 horas dicho dictamen también fuera aprobado por los senadores en lo particular.
Fueron 71 votos a favor de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que los llamados “de izquierda” votaron 34 en contra y hubo tres abstenciones, votación que dio pie para que el dictamen se devuelva a la cámara baja y ahí sea nuevamente aprobada por los diputados federales, con algunas modificaciones del texto original, para que posteriormente se implemente a la brevedad.
Mientras que senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han defendido la llegada de esta Ley de Seguridad Interior bajo el argumento de que el estado debe guardar la seguridad pública nacional, los del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) han externado su rotundo rechazo a seguir con la militarización de las calles de México.
De igual forma es importante recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han externado su inconformidad con la aprobación de dicha Ley.
Es por ello que la CNDH interpondrá en próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de esta forma poder echarla abajo al considerarla como una derrota para el estado mexicano en su lucha contra el crimen organizado.
Ley de Seguridad Interior
Esta ley ha sido descrita como una herramienta que permitirá regular las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio, ante una amenaza específica que ponga en riesgo el país.
Las acciones quedan definidas en una declaratoria, la cual puede ser solicitada por el presidente de la República, congresos estatales y gobernadores, detallando la amenaza y los hechos.
Esta declaración será evaluada por el consejo de seguridad nacional, quien también planteará las acciones y en un máximo de 72 horas se expide la declaratoria de protección a la seguridad interior y sus acciones pueden durar un máximo de un año o bien prorrogarse si persiste la amenaza.
Cada declaratoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación, con notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Congreso e la Unión.
En las acciones las participación de las fuerzas armadas será el último recurso, por lo que el ejército y la marina intervendrán cuando persista la declaratoria y cuando la policía federal sea superada por el conflicto.