La ley fue criticada por algunos legisladores que hicieron referencia a la premura con la que se elaboró y aprobó el dictamen
Morelia, Michoacán.- La tarde de este jueves fue aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán, con la que se da paso a la transición de la que será la nueva área de procuración de justicia en la entidad.
La LXXIV Legislatura, se reunió en el pleno desde las 11:00 horas para leer, discutir y votar el dictamen que contiene el marco jurídico de la Ley; la sesión que se alargó por más de cinco horas, fue finalmente votada a favor en lo general y en lo particular, a pesar de la reserva de más de una veintena de artículos, principalmente por diputados de las fracciones de Morena y el Partido del Trabajo.
Entre la discusión, salió avante la creación de la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y la fauna; por lo que en total serán siete Fiscalías las que estén dentro de la nueva estructura del organismo autónomo encargado de la procuración de justicia en la entidad.
En tanto, la bancada de Morena fue enfática al señalar que muchas de las propuestas que ellos plantearon, fueron desechadas incluso las que consideraron de relevancia y “suma importancia” como una Fiscalía para combatir delitos sexuales y la atribución a Congreso del Estado para designar u remover fiscales regionales y especializados.
En este marco, la diputada coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, quien señaló que la Fiscalía seguirá “atendiendo intereses de grupos particulares por encima de los generales”. Debido a que será el fiscal quien pueda designar y remover a los fiscales especiales y regionales.
En esta Ley Orgánica de la Fiscalía, destaca la creación de la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión; además del Consejo Consultivo, que estará conformado por el fiscal general, cinco consejeros ciudadanos que tendrán que ser espartos en temas de procuración y administración de justicia, investigación criminal y derechos humanos; un representante de cada Poder del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y un servidor público.