El Pleno del Senado de la República aprobó con 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que forman parte de la legislación reglamentaria para el combate a la corrupción.
Los senadores respaldaron, en lo general y lo particular, los cambios a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, pues consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, resulta “innecesaria”.
Lo anterior, debido a “que permitir a las autoridades conocer la información de las declaraciones de los particulares no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción”.
Es por ello, que el Pleno acordó modificar el artículo 32, con el objetivo de eliminar del texto de este ordenamiento la obligación, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
En el dictamen se precisa que de no modificar los artículos observados se aplicaría dicha obligación de manera discriminada a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes que gozan de becas de entidades públicas, o bien personas físicas que prestan servicios a empresas con cualquier tipo de contrato público.
Asimismo, se subraya que la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, podría afectar la vida privada de las personas, poniendo en riesgo otros derechos como la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
No obstante, se deja claro que estos cambios no implican que los particulares no deban someterse a reglas legales en las relaciones que entablen con el Estado, sino que las cargas que se les impongan deben ser racionales, proporcionales y atender a supuestos específicos.
A nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador Pablo Escudero Morales afirmó que con las modificaciones que propuso el Ejecutivo federal “no se exime, por ningún motivo, a la iniciativa privada, a los contratistas del gobierno, de la responsabilidad que tienen”.
Dijo que las comisiones dictaminadoras redactaron más de cuarenta artículos relativos al papel que en el combate a la corrupción debe tener la iniciativa privada y se incluyó, dentro de sus obligaciones, un capítulo específico donde se consideró su manual de procedimientos, así como sistemas adecuados y eficaces de control vigilancia y auditoría.
El legislador del Grupo Parlamentario del PVEM asentó que entre todos los grupos parlamentarios se construyó “un marco legal fuerte, robusto y potente, que contempla, sin duda alguna, a la iniciativa privada y a los empresarios que estén contratando con los gobiernos”.
A nombre de la Comisión de Justicia, la senadora Pilar Ortega Martínez expresó que están conscientes de que la redacción del artículo 32 aprobada por el Congreso “tiene aspectos riesgosos en materia de legalidad de la reforma nacional anticorrupción, por lo que reconocemos la necesidad de hacer las adecuaciones planteadas por el Ejecutivo federal”.
Se trata, agregó la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN, de evitar una vulneración a los derechos humanos porque lo que se introdujo en esta disposición “es equiparable a señalar que los particulares tienen una equivalencia con los servidores públicos”, lo cual es incorrecto.
Coincidió en que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción ya plantea un mecanismo que combate la impunidad, a fin de que no haya faltas de servidores públicos y particulares que queden sin sanción.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senador Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que el veto presidencial pone en evidencia la premura y la forma lamentable en que en ocasiones se desahogan los temas que corresponden al Poder Legislativo.
Es una discusión para establecer mecanismos de control y sanción para el sector empresarial, beneficiado del tráfico de influencias, de la asignación de contratos y obras de manera directa sin licitación o de manera discrecional de concesiones del espacio radioeléctrico de las telecomunicaciones en el país.
Llamó a avanzar en una legislación que establezca con claridad los elementos que permitan combatir la corrupción, tanto de servidores públicos como de quienes participan en la iniciativa privada que sobornan, corrompen o incurren en materia de cohecho, y en la que se precisen controles a los que se deben sujetar los beneficiarios de los contratos de obras y adquisiciones de los distintos órdenes de gobierno.
Al exponer su voto particular sobre el dictamen, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que los planteamientos del Presidente de la República no son correctos, “porque el espíritu que animó a votar la reserva al artículo 32 es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes”, con un empresario y con un servidor público. Agregó que se requiere una ley de las responsabilidades penales de las personas morales.
Asimismo, puntualizó que el veto presidencial fue muy desafortunado, porque se debió mejorar la redacción y no borrarla, no obstante, señaló que el mayor infortunio es que no vetará el artículo 29, pues ignoró la petición de más de 630 mil personas que con su firma plantearon en una iniciativa ciudadana la máxima publicidad en declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al presentar su voto particular, dijo que las obligaciones de servidores públicos y empresarios, al contratar y recibir concesiones del Estado, deben ser simétricas, incluyendo la obligación de difundir públicamente las declaraciones que estipulaba la llamada Ley 3 de 3.
Señaló que en el Sistema Nacional Anticorrupción no existe separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados, por lo que lo calificó como una simulación. Abundó en que en México no hay responsabilidades penales relevantes en contra de servidores públicos de alto nivel.
En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, dijo que el fenómeno de corrupción más importante se encuentra en el binomio empresario-político, en las privatizaciones, las compras gubernamentales, contratos de obra pública, servicios financieros, cambio de uso de suelo, entre otros.
Comentó que si el Presidente de la República respondió en fast track la petición de los empresarios, el Congreso debería solicitarle que del mismo modo dialogue con los maestros, sobre la reforma educativa; “Peña usa dos varas, para los empresarios el veto, para los maestros la bala”, refirió.
El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Puente Salas, señaló que los cambios propuestos no significan que los particulares estén exentos de obligaciones frente al Estado en materia de combate a la corrupción; no obstante, toda obligación o restricción a sus derechos debe ser racional, proporcional y atender a supuestos específicos.
Al expresar el respaldo de su bancada, señaló que con las modificaciones propuestas ofrecen argumentos adicionales a considerar por los legisladores, a la ciudadanía se le otorga una ley que atiende sus propuestas y peticiones, pero que se mantiene en el combate y castigo a los actos de corrupción.
A su vez, el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que es momento de replantear las formas obsoletas de la política y que el veto presidencial se convierta en el inicio de una larga transformación que asegure el fin de la corrupción y la impunidad.
Aseguró que remediar la corrupción e impunidad es un asunto de “supervivencia”, porque ésta frena el desarrollo económico, merma la legitimidad de las instituciones democráticas e incrementa la desigualdad.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, reiteró que el presidente Enrique Peña Nieto perdió una oportunidad histórica para reconstruir los puentes de confianza entre el ciudadano y una clase política, que “sigue siendo sorda” a las demandas de la población.
Dijo que los ciudadanos demandaban un artículo 29 que incluyera los formatos de la plataforma “3 de 3” para que los funcionarios hagan pública sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero “por la ambición de algunos, el miedo y la ignorancia de otros, la reforma de Estado más importante de los últimos 20 años se percibe insatisfactoria y los mexicanos se sienten defraudados una vez más por su clase política”.
Lisbeth Hernández Lecona, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, asentó que “las observaciones del Ejecutivo federal deben ser estudiadas y ponderadas de acuerdo a sus méritos, sin apasionamiento alguno y considerando que ninguna ley, así sea aprobado por unanimidad del Congreso de la Unión, puede menoscabar los derechos humanos de todos”.
En este sentido, consideró que la obligación dirigida a los particulares para que presenten su declaración de situación patrimonial y de intereses constituye una medida que resulta innecesaria para abatir prácticas de corrupción, pues en la Ley General existen otras medidas e instrumentos normativos que pueden lograr una adecuada prevención de prácticas corruptas por parte de particulares.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca saludó que el Ejecutivo federal hiciera uso de su facultad de observar las acciones del Senado, pues es parte de la división de Poderes; sin embargo, consideró que el tema de la impunidad y corrupción no se agota, pues la discusión debe avanzar y establecer si se quiere o no un país con Estado de derecho, con certidumbre jurídicas para el Estado y los particulares.
En este mismo sentido se pronunció la senadora independiente Martha Tagle Martínez, quien sostuvo que esta enmienda del Presidente de la República al Senado deriva de la errónea decisión de no mantener el Parlamento Abierto y realizar nuevamente las negociaciones a puerta cerrada, por lo que vaticinó que se interpondrán acciones de inconstitucionalidad y se promoverán reformas para incluir aquellos temas que quedaron fuera del Sistema Nacional Anticorrupción.
El senador del PRD, Raúl Morón Orozco, al fijar su postura en contra del dictamen, consideró que era una obligación de los legisladores ir a fondo y reformar el artículo 29, que era la exigencia de los ciudadanos, es decir, que fueran obligatorias las tres declaraciones de funcionarios públicos y del sector privado con mayor relación con el Estado mexicano, a fin de evitar la opacidad y los grandes fraudes públicos y privados en contra el patrimonio del Estado.
El senador del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, al hablar a favor del dictamen, hizo énfasis en que ninguna ley 3 de 3, declaración patrimonial, de intereses o fiscal puede estar por encima de la Constitución; e indicó que no se pueden permitir presiones ajenas al trabajo legislativo que busca hacer valer la ley y precisa que la ley 3 de 3 original, no obligaba a la publicidad total de las declaraciones patrimoniales por los datos sensibles que contienen.
El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del PT, advirtió que el mensaje que manda el titular del Ejecutivo es que para los empresarios si hay diálogo, negociación y razón, mientras que para los maestros “se aplica la ley de Herodes”. En contra del Sistema Anticorrupción, precisó que en Veracruz, Oaxaca y Chihuahua, “quieren implementar un sistema local anticorrupción donde ellos (los gobernadores) designen sus fiscales y magistrados para que les cuiden las espaldas”.
Por el PAN, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz reiteró el compromiso de los legisladores de su partido para desarrollar bases institucionales que permitan combatir, prevenir y sancionar la corrupción. El Ejecutivo debió enviar para su reformulación el artículo 29 para la máxima publicidad de las declaraciones, agregó, y precisó que falta voluntad política para entrarle de frente a este tema. Asimismo, adelantó que en septiembre presentarán iniciativas para modificar el artículo 29, para que desde el Presidente hasta el servidor público del municipio más pequeño del país, presenten sus declaraciones.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, lamentó que los empresarios sólo hayan reclamado que a los particulares se les obligara a presentar declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, y no se hayan pronunciado en contra de la legalización de la opacidad que representa la ley. Dijo que la ley es perfectible y por ello, en septiembre próximo cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, su Grupo Parlamentario presentará varias enmiendas a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Fidel Demédicis Hidalgo, también del PRD, comentó que es un despropósito que se elimine el artículo 32, y consideró que la Presidencia de la República podría haberlo mejorado, delimitando sólo a todos aquellos que hacen contratos o tienen concesiones con el sector público, como obligados para hacer sus declaraciones.
En contra del dictamen, el senador Isidro Pedraza Chávez, del PRD, consideró que el verdadero problema no es la corrupción, sino la impunidad; pues los empresarios son partícipes de estos actos, mientras que a la clase política le falta voluntad para castigar el mal manejo del dinero público.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna presentó reservas a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37 y 73; que fueron desechadas por el Pleno en votación económica, y avaladas en los términos del dictamen con 77 votos a favor y 22 en contra.
La legisladora dijo que el veto presidencial al artículo 32 obedece únicamente a la presión de los grandes empresarios “para quienes la ley sí se negocia”. A los “grandes oligarcas” se les deja fuera de la ley la declaración de su situación patrimonial y las ganancias que obtienen cada sexenio.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, indicó que la Mesa Directiva estará atenta a lo que resuelva la Cámara de Diputados sobre esta minuta, por lo que podría citarse con oportunidad en caso de que la colegisladora realice algún cambio; en caso de que no exista ninguna modificación se notificará de la clausura del segundo periodo de sesiones extraordinarias.