En el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional exige medidas efectivas contra la violencia de género en México.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha hecho un llamado a las autoridades de todos los niveles en México “a respetar el derecho de las colectivas a manifestarse y a exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres”, quienes se movilizarán masivamente en el país.
“Amnistía Internacional ha insistido en que es prioritario desarrollar políticas con visión de largo plazo que prevengan las violencias contra las mujeres. Esto es fundamental para cambiar las estructuras de pensamiento y los estereotipos sexistas arraigados en la idiosincrasia mexicana y que son la base de esas violencias”.
“Nuestro llamado para atender las violencias contra las mujeres hace eco del trabajo emprendido por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para impulsar la igualdad sustantiva”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
La vocera de la ONG destacó la importancia de que el Estado mexicano inicie un diálogo con las colectivas para integrar sus valiosas perspectivas, resultado de su intensa labor diaria.
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El documento resalta los desafíos pendientes en la agenda de género del país, incluyendo la reparación integral del daño en casos de feminicidio.
Violencia de género en México
Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), México contabilizó 839 y 827 feminicidios en 2024 y 2023, respectivamente, después de los 959 feminicidios de 2022, lo que según AI, “revela la urgente necesidad de no seguir en la misma ruta y hacer los cambios necesarios para prevenirlos”.
“De acuerdo con los estándares internacionales, dicha reparación es una obligación de los Estados desde el momento en que faltan a su obligación de garantizar la vida de niñas y mujeres por su condición de género”, señaló el comunicado.
Y finalizó afirmando que “esa obligación continúa cuando el Estado no investiga debidamente los feminicidios, no sanciona a los responsables y no atiende los factores de riesgo que llevan a que sean cometidos”.
En una reparación integral del daño, conforme a estándares internacionales, es crucial que las familias de las víctimas tengan una participación activa, “lo que ocurre en contadas ocasiones”.