Tengo una amiga activista. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos desde trincheras muy distintas. Su corazón late por la izquierda. Abraza todas sus causas con devoción.
Ayer la sentí impactada con el llamado de AMLO a cambiar la Carta Magna para dejar atrás la “simulación” y elevar a rango constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen.
No le gustó.
Los días previos habían sido de felicidad. A todo mundo le contaba que el pasado martes, seis ministros de la Suprema Corte de Justicia se habían pronunciado en contra de la Ley de Seguridad Interior.
“Ya sólo nos faltan dos para que sea declarada inconstitucional”, festejaba.
Y ocurrió lo que esperaba. La votación fue nueve a uno en el pleno del máximo tribunal.
Pero ocurrió la paradoja. Los militares se quedan en las calles para combatir criminales por decisión del próximo presidente.
Este jueves, nuestra amiga no celebró. Lamentó, eso sí, el anuncio del “electo”. Está consciente que la Constitución será reformada para legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en el violento combate al crimen. En Morena se le cuadran a Andrés Manuel, aunque aparenten lo contrario.
La activista está convencida de que la “militarización” de la lucha contra el crimen no es el camino para pacificar el país.
Su voz dice lo que mucha gente que votó por AMLO piensa:
“Resulta muy inquietante que se proponga reformar la Constitución para consumar la claudicación de las autoridades civiles frente a las Fuerzas Armadas.
“Al Ejército y la Marina se les estaría entregando el mando de la seguridad pública, ya sin el eufemismo de seguridad interior con el que se ha querido camuflar la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública”, nos dijo.
El anuncio de que los militares quedarán al mando del combate a la delincuencia inquietó a muchos, muchísimos. Las protestas de las organizaciones pro derechos humanos se multiplicaron.
Amnistía Internacional de plano le pidió al presidente de facto —Peña ya se fue— a sacar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y fortalecer a las policías.
A nosotros, sin embargo, nos parece atinado dar marco legal a la participación de soldados y marinos en labores de seguridad pública, sobre todo cuando se rompen la maceta con criminales peligrosos y bien armados.
Sabemos que ha habido abusos de los militares. Tlatlaya. Están documentados. Pero también sabemos que “el pueblo sabio” los quiere en sus comunidades. Sin los militares se sienten desprotegidos. La “amarga realidad” —como la definió AMLO— obliga a que soldados y marinos participen en la lucha contra el poderosísimo crimen organizado que avasalla territorios enteros.
- Vienen pésimas noticias en el Presupuesto 2019 para las universidades públicas. Hasta donde se sabe hay la idea de recortarles 30 mil millones de pesos.
“Sólo crece el presupuesto de la UNAM. No entendemos por qué”, advierten fuentes académicas informadas. La cifra mencionada la sacaron de los “techos” que ha comunicado “la SHCP futura”, puntualizan.
En la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se preguntan dónde quedó el compromiso que ante ellos asumió AMLO de otorgar el mismo presupuesto de este año, más la inflación.
Algo hay. El desastre que se perfila llevó al Consejo Universitario de la UNAM a hacer público un exhorto al Presidente electo y a los diputados que se aprestan a aprobar el Presupuesto para que consideren un “significativo incremento real” a las universidades públicas.
“De profunda preocupación es el hecho de que un grupo importante de universidades públicas enfrente hoy severas restricciones económicas que amenazan su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo”, advierte el desplegado.
Remata: “Una sociedad con bienestar requiere de la seguridad de una educación pública amplia y de calidad”.
- Anda el rumor de que el senador Miguel Mancera se va al PRI, pero el exjefe de gobierno ha comentado en corto que es fake news.
Ha llamado la atención, sin embargo, su actitud en todo el proceso para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General.
En comisiones se salió antes de la votación. Pudo haber parado la iniciativa que dar vida al “fiscal carnal” con su voto en contra. Se salió.
En el debate de ayer fue muy light al posicionar al grupo parlamentario del PRD. También, se salió cuando le tocaba dar el segundo posicionamiento.
La verdad no creemos que se vaya al PRI. Es mera especulación. En el achicado PRD es al menos coordinador parlamentario. En el tricolor sería un senador raso.
Por cierto, la citada Ley ya fue aprobada en lo general por el Senado. Vamos a tener un “fiscal carnal” dependiente del presidente, y muchos “fiscales carnalitos” bajo la férula de los gobernadores en los estados, predice Emilio Álvarez Icaza.
- ¡Ah, qué Nestora! ¡Ya dio color! Es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, pero más bien parece funcionaria de Hacienda.
Se opuso a dotar de recursos al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que hoy por hoy protege a más de 700 personas. “Ya tienen mucho dinero”, argumentó.
El alegato hizo brincar en sus asientos a la senadora del PAN, Kenia López, y al independiente Emilio Álvarez Icaza. Los dos saben de la precariedad en la que se desempeña el citado mecanismo.
Nos pusimos a averiguar. Nos llevamos una sorpresa. Resulta que la controvertida senadora Salgado se siente amenazada y pidió escoltas de la Policía Federal.
En la Secretaría de Gobernación giraron un oficio a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para que le proporcione los escoltas que pide. ¿Se los puso? No sabemos.