Un hito en la política de Alemania: la legalización del cannabis para uso recreativo.
El Bundestag o Parlamento de Alemania ha dado luz verde a la ley ‘Manipulación controlada del Cannabis’, estableciendo un marco para la legalización para la posesión, consumo y cultivo de cannabis en Alemania, donde un 47% de la población apoya su uso recreativo, según YouGov.
Con 407 votos a favor y 226 en contra, la ley ha generado opiniones encontradas entre partidos políticos y organizaciones sociales. El Partido Democrático Libre aplaude la medida, mientras que el Partido Socialdemócrata muestra preocupación por los posibles efectos en jóvenes y niños.
Despenalización del cannabis
El Consejo Federal ha manifestado inquietud por las posibles repercusiones financieras en los gobiernos locales debido al aumento en la fiscalización y prevención requeridas. Sin embargo, el Gobierno Federal prevé que la despenalización del cannabis reducirá costos asociados a procedimientos penales.
El objetivo de la ley es mejorar la protección de la salud, la educación y prevención en el uso de cannabis, y combatir el comercio ilegal, protegiendo así a menores. Se argumenta que el cannabis ilegal representa un riesgo mayor para la salud.
La ley estipula que los adultos podrán portar hasta 25 gramos de cannabis diariamente o 50 mensuales, mientras que los jóvenes de 18 a 21 años, hasta 30 gramos al mes con un THC menor al 10%.
“El cannabis de consumo solo puede transmitirse como hachís o como marihuana en calidad controlada y de forma pura”, indica la ley. Además, se prohíbe su consumo cerca de escuelas y parques.
Los adultos podrán cultivar hasta 3 plantas de cannabis para uso personal y las asociaciones de cultivo podrán distribuir cannabis entre sus miembros. Se establecen regulaciones para evitar el acceso de menores al cannabis, limitando el número de miembros de las asociaciones y restringiendo la distribución a través de membresías.
Aunque la ley se implementará en abril de 2024, con la posibilidad de cultivo personal a partir de julio, los estados tienen la opción de apelar y retrasar la implementación a nivel local.