En agosto, el gobierno de Michoacán relacionó las constantes manifestaciones de la CNTE y los normalistas, con actos delincuenciales, pues advirtieron la aplicación de la ley a quienes cometieran actos ilícitos durante las protestas.
El 8 de agosto, el presidente estatal de Canapat, Arcadio Méndez Hurtado, anunció que se solicitaría al presidente, Enrique Peña Nieto el cierre de las normales en la entidad, a pesar de que dos días después, el 10 de agosto, el secretario de Gobierno opinó que más allá del cierre de las normales, se requería su rencauzamiento.
Tras los bloqueos carreteros, la retención de vehículos e incineración de los mismos por parte de los normalistas, el 11 de agosto el gobernador Silvano Aureoles comparó a los estudiantes y sus acciones, con las efectuadas por el crimen organziado.
El 12 de agosto, el mandatario estatal insistió con el discurso y amenazó que los normalistas que, de seguir actuando como “delincuentes, serán tratados como tal”. El 14 de agosto, Aureoles Conejo no solo insistió con el mismo tono en su discurso, si no que agregó que se contaba con investigaciones en las que se vinculaba a los normalistas con la delincuencia organizada, con grupos radicales e incluso con ex autodefensas.
Al día siguiente, el 15 de agosto, 38 normalistas fueron aprehendidos por la incineración de un vehículo en Ecuandureo, y para el 26 del mismo mes, el presidente de Canapat confirmó que los estudiantes retuvieron 50 vehículos y privaron de la libertad a 31 choferes, a pesar de que dos días antes, el 24 de agosto, Aureoles Conejo advirtió de nuevo que de continuar la incineración de vehículos, aplicaría la ley a los manifestantes.
El 22 de agosto, el mandatario estatal exhortó a los agremiados de la CNTE a no impedir el inicio del ciclo escolar 2016-2017, mientras que el 29, reconoció que, en la entidad por el paro del gremio 50 mil estudiantes perdían clases.
El 30 de agosto el entonces director General de Unidades Regionales de la SEE, Alberto Frutis Solís, señaló que 80 profesores de la CNTE habían sido cesados, aunque el conflicto en el sector se elevó, pues sumado a las manifestaciones del magisterio y los normalistas, un día antes, el 29, los fanáticos religiosos de la Nueva Jerusalén tomaron la primaria de la comunidad con la exigencia de que no se impartieran clases laicas.
Por octavo mes consecutivo, la inseguridad persistió en Michoacán, pues se aprehendió al alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, así como a 5 elementos de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en el homicidio e incineración de 10 personas halladas en Cuitzeo.
El 4 de agosto, Aureoles Conejo negó que otros ediles tuvieran nexos con la delincuencia organizada, pues a Arreygue Núñez se le vinculó con Enrique “El Kike Plancarte” y Nazario Moreno González, “El Chayo”, líderes de “Los Caballeros Templarios, abatidos en 2014.
Posteriormente, el 13 de agosto, Silvano Aureoles reiteró que “se acabaron los tiempos de delincuencia organizada” y que no permitiría que los delincuentes se apoderaran del estado.
La inseguridad llegó a tal grado que incluso a la Secretaría de Política Social le robaron 2.4 millones de pesos que estaban destinados para el programa de “Beca Futuro”. Ante el anecdótico suceso, la titular de la dependencia, Miriam Tinoco Soto, minimizó el asunto, pues el 25 de agosto, rechazó que fuera motivo suficiente para renunciar al cargo.