Tradicionalmente, desde la perspectiva de la Teoría de la Administración Pública, se ha visto a la administración del gobierno como un aspecto independiente de la política. En donde el mundo de la ciencia administrativa converge con el mundo de la búsqueda del poder. Por ello, para los admiradores de la dicotomía de la política-administración, tratan de resolver cualquier impureza propia de la contienda política con el apoyo y protección de especialistas y técnicos que dotarán de los niveles de eficiencia, productividad, calidad y honestidad a los gobiernos.
Ante este esquema simplista de diferenciar a funcionarios electos de los funcionarios no electos, entre aquellos que basan su posición en el convencimiento y apoyo de un electorado sumiso, exigente, crítico, descontento o, sencillamente, voluble e incierto, los funcionarios no electos se convierten en el complemento necesario y perfecto para garantizar gobiernos eficientes y administraciones públicas de calidad. Como si la ecuación fuese tan sencilla de resolver y quedará sujeta a la cantidad o calidad de los funcionarios no electos (burócratas o tecnócratas) que cada funcionario electo requiera o pueda cubrir con plazas, posiciones o espacios, según su nivel, presupuesto o posición dentro del régimen político y en el aparato de gobierno.
Los enfoques más recientes al debate tienden a reconocer que está división en la realidad es muy difícil de vislumbrar o separar claramente. En tanto que la administración influye a la política y la política influye a la administración. Más que mundos totalmente separados, la realidad evidencia una dependencia que, de una forma u otra, según las particularidades de cada situación y contexto histórico, la política influye y es influenciada por la administración.
Comentado lo anterior, el tema de las campañas políticas que habremos de seguir en los próximos días, propias del mundo de la política, tiene mucho que ver con el tipo de gobierno que las y los mexicanos esperamos para los próximos años, así como el tipo de administración pública que padeceremos en cada cobro de impuestos o aumentos en las tarifas públicas o anhelamos tener al realizar un trámite o servicio de manera física o a través de las plataformas electrónicas y digitales. El debate de las ideas y propuestas entre los aspirantes a la Presidencia de la República no puede escapar del tipo de gobierno y de administración pública que pretenden conformar.
Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboraron conjuntamente, el año pasado (2017), un excelente diagnóstico de las administraciones públicas entre 21 países de América Latina y el Caribe (incluyendo a México) a través de un análisis comparativo de varios indicadores de medición agrupados en 5 tipos: 1) de factores contextuales (sobre la estructura administrativa y política), 2) de insumos (con datos sobre los ingresos, gastos, empleo y características de la fuerza laboral del gobierno), 3) de procesos (asociados con las prácticas y los procedimientos de gestión pública emprendidos por los gobiernos para implementar las políticas), 4) de productos (que comprenden la cantidad de bienes y servicios producidos por los gobiernos), y 5) de resultados (que muestran los efectos de las políticas y prácticas en los ciudadanos y las empresas).
Con este estudio, más que llegar al punto final de la discusión, su principal potencial está en detonarla hacia aspectos de una preocupación e interés mundial: ¿cómo hacer que los gobiernos reduzcan la desigualdad? ¿Cómo hacer que el gobierno contribuya a una mejor distribución del ingreso y al bienestar de las personas? ¿Cómo diseñar e implementar políticas que al tiempo que promueven el crecimiento económico y generación de empleos, también permitan acceder a mejores servicios, cuenten con las oportunidades para su desarrollo y reduzcan la desigualdad, la discriminación y la pobreza? Para lo cual, es necesario cuestionar sí el tamaño del gobierno es el adecuado, sí se está gastando adecuadamente, sí se cuenta con el personal idóneo, sí se están aprovechando correctamente las tecnologías, sí el gobierno compra o invierte de forma eficiente los recursos públicos, sí están funcionando las políticas y programas públicos, entre otros aspectos.
En el estudio “Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017”, la OCDE y el BID delimitan un marco referencial de análisis, como punto base de análisis, para explorar, desde una perspectiva comparada, los retos de las administraciones públicas de la región. De este modo, el logro de los objetivos deseados no puede entenderse sin una discusión de los ¿cómo? Sin entrar a una revisión de todos los indicadores que se desarrollan en dicho trabajo, destacan, aquellos que enfocan su batería a aspectos tales como garantizar la suficiencia fiscal (contar con ingresos suficientes, pero sin asfixiar a los contribuyentes cautivos) o evaluar la utilidad y el impacto de las políticas redistributivas, así como evitar los déficits fiscales que se traduzcan en balances fiscales estructurales positivos, como se muestra en la siguiente gráfica;
Este es un tema que seguramente formará parte de la discusión y de las propuestas que, a un mayor nivel de detalle y claridad, se estará esperando de los candidatos y la candidata presidenciables en nuestro país. La vieja dicotomía entre política y administración, se resuelve de una forma muy sencilla y práctica al estilo propio de nuestro país, “ni tanto que queme al Santo, ni tan poco que no lo alumbre”. En este sentido, esperamos que las propuestas políticas se nutran de propuestas técnicas; las primeras, muy generales y que tienden a los puntos comunes (por ejemplo, todos proponen y todos queremos, más y mejor educación), y las segundas, más específicas y concretas que serán clave para dar claridad a los indecisos o rumbo a los que no quieren un retroceso catastrófico (por ejemplo, se mantiene la reforma que permite una evaluación a los maestros, con la condición de que se quedan los más aptos, los que aprueben sus exámenes, y se les pague mejor a los que se queden o sigue la educación de nuestros niños en manos de un sindicalismo que pone sus beneficios cupulares por encima de la semilla y riqueza de nuestro país: sus niñas y niños).
En vías de animar e invitar al debate, me queda claro que: a) el candidato puntero, no quiere y evitará en la medida de lo posible cualquier discusión de propuestas e ideas, porque sólo su discurso se centra en los puros que creen en su mensaje de salvación o en los que no creen y forman parte de la Mafia del Poder; b) el candidato oficialista quiere entrarle a su estilo de “Yo Mero” a todo lo que le dé un micrófono o posicionamiento mediático, para exponer que tiene muchas ideas y de que sabe cómo hacerlo, pero su problema es que nadie creemos en sus propuestas y en sus medios, porque sus medios (que son el PRI y todos sus aliados) ya demostraron que sus fines no son los fines de las y los mexicanos; c) el candidato que representa la visión joven, de cambio con rumbo, que ha logrado articular a la izquierda y a la derecha mexicanas en un Frente Opositor de dimensiones inimaginables para muchos, incluido el que escribe, ha sido objeto de persecución por las Instituciones del Estado y de su equipo, sin darle la oportunidad de que se defienda o de que exprese sus propuestas; y, d) los candidatos independientes, encabezados, por la ex Primera Dama, en tiempos de Calderón, aún no dan el tono para ser considerados una opción real, pues en todo caso, parecen más el instrumento de “alguien” o de “algunos” que buscan quitarles votos a la oposición y pulverizar o fragmentar el voto, sin más altura de miras que estar en una boleta sabiendo que van a perder. En todo caso, en poco iniciaran las campañas y será el tiempo de exigirles a todos ellos que presenten y defiendan sus propuestas, planteamientos, propuestas y proyectos. Creo que es tiempo de llevar el debate y la nota al plano de las ideas, para limpiarnos de tanta guerra sucia. Vayamos hacia una Agenda 2030 o es mucho pedir.
Ernesto Navarro.