Agenda 2030: El Combate a la Corrupción es Prioridad

La semana pasada, la organización Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania, comenzó desde finales de la década de los años 90 un esfuerzo sistematizado por medir la corrupción. Recuerdo que justo en ese tiempo me encontraba estudiando la carrera y era un tópico de amplio debate entre profesores y alumnos. ¿Se puede medir la corrupción? ¿Cómo medir la corrupción? ¿Qué variables utilizar para medirla de forma precisa (como si se trátate de medir un trozo de madera o la dureza de un material)?

Debate que no terminó en esos días y sigue hasta los días presentes. No obstante, al cuestionamiento y múltiples planteamientos que pueden debatirse sobre los tipos de medición o cuál podría ser la mejor medición de la corrupción, lo que debe destacarse del trabajo de Transparencia Internacional es su consistencia, tenacidad e independencia en este esfuerzo. En dónde el instrumento ya no es lo más importante, sino la confianza del evaluador. Esta es la importancia valorativa que destaco, ante todo del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que se emite de forma anual entre los últimos meses del año evaluado o los primeros meses del año inmediato siguiente al evaluado.

Cabe señalar que el IPC es un índice compuesto que mide percepciones, por lo que se nutre de los resultados de encuestas aplicadas a expertos y ejecutivos de empresas considerando su prestigio y expertisse. Por lo que no se trata de un estudio de opinión, una encuesta solicitada para un tema específico o un sondeo de salida rápida como aquellos que se presentan cotidianamente en los periódicos y de las cuales podríamos ser sujetos en cualquier momento, ya sea porque atendamos una llamada de los famosos call-center o porque respondamos a un encuestador.

En este sentido, la metodología que utiliza Transparencia Internacional se ha venido fortaleciendo con el perfeccionamiento de las escalas de medición, la comparabilidad de aspectos transversales de la corrupción entre países, la estandarización de fuentes y la disponibilidad de mediciones históricas. Actualmente la escala que se maneja es la del 0 al 100, en donde 0 equivale al nivel más alto de percepción de corrupción y 100 implica el nivel más bajo.

Una vez precisada, brevemente la metodología de su integración y las ventajas del IPC, veamos los resultados históricos en los que respecta a México durante el periodo de 1995 2017:

a)En todo el periodo de medición del IPC, México ha caído 103 posiciones., pasando del lugar 32 en el ranking mundial en 1995 al 135 en 2017. Gobiernos van, gobiernos llegan, pero el problema persiste y sigue en aumento. La corrupción es un cáncer que se tiene que extirpar de raíz en nuestro país.

b) Los años con mejores resultados en el IPC para México son en 2001 a 2003, cuando el entonces presidente panista creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) y se emitía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio de 2002, de donde derivo la creación del hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con un fuerte compromiso en contra de la corrupción como fueron las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.

c) Los años con peores resultados en el IPC para México son el de 1997 y 2017, en donde ni siquiera se alcanzó superar la barrera de los 30 puntos. Es como si 20 años de esfuerzos, no sirvieran de nada. Muestra un pésimo desempeño del país en combatir la corrupción, pese a contar con una reforma constitucional y múltiples normas secundarias emitidas en la materia. ¿De qué sirvieron o han servido, sí no se castiga a los corruptos? En 1997 un IPC de 27 y en 2017 un IPC de 29, muestran que el partido en el gobierno no ha logrado dar los resultados para erradicar este mal y son presagio de una posible derrota contundente en las próximas elecciones de julio de 2018.

d) La alternancia política en México no ha sido un factor decisivo para mejorar los resultados de México en el IPC. Lo que se explica en parte porque la gestión de un presidente no es suficiente para combatir un fenómeno multifactorial y multicausal, que se produce y reproduce, con otros matices y dimensiones, tanto en los trámites y servicios municipales, estatales o federales, como entre empresas privadas.

En otras, palabras, la medición del IPC de Transparencia Mexicana no es exclusiva de un gobierno o de un gobernante. Sin embargo, el liderazgo y compromiso de cada Presidente en su respectiva gestión en contra de la corrupción o tolerándola son un punto referencial para el desarrollo de programas, proyectos y acciones contundentes que den lugar a investigaciones, auditorías y sanciones en contra de corruptos. De ahí que la “voluntad política” del Primer Mandatario puede ser un aliciente o un freno total.

Para muestra un botón, Los peores resultados del IPC por sexenio son los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con caídas que van de 35 y 30 posiciones respectivamente. Es decir, el ex presidente que quiere que su esposa gane como Candidata Independiente la Presidencia y el actual presidente que quiere que su candidato oficial gane tanto con la vieja maquinaria priista (que el algún momento, le llamo el nuevo PRI) son los que en menos de 12 años nos llevaron de un lugar 70 hasta el 135 en el ranking internacional de este índice.

e)Ahora bien, si comparamos los resultados del IPC de México con los puntos de referencias cercanos, la situación se vierte aún más compleja. Por ejemplo, con respecto a los 32 países de América que fueron evaluados, México se encuentra sólo un tantito mejor que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela; mientras que en el G-20 (con las principales 20 economías del mundo) nos encontramos en el último lugar junto con Rusia; y, en lo que comprende a los 35 países de la OCDE, se ocupa de forma solitaria el último lugar y una diferencia de 54 posiciones con el penúltimo lugar en el que se sitúa Turquía. Por lo que esta medición nos ubica en una realidad que ha colmado los ánimos de las y los mexicanos, una situación que lleva a niveles de impopularidad históricos de la actual administración del gobierno federal y a un “hartazgo social” que pide un cambio de rumbo, una alternancia real en el poder.

La Agenda 2030 debe de comprender un apartado centrado en los esfuerzos que México requiere hacer en los próximos años para combatir de forma real la corrupción. Se trata de discutir y poner en la agenda nacional, las propuestas para que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad y no un “elefante blanco de mil cabezas”; discutir la autonomía real que debe tener el Fiscal Anticorrupción y la fuerza de los Tribunales Administrativos para impartir justicia imparcial, en estricto derecho, de forma pronta y expedita; afinar los mecanismos para la selección y nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control y Contralorías en todos los órdenes de gobierno al amparo de un sistema profesionalizado e independiente; estandarizar las prácticas de auditoría y armonizar los distintos ordenamientos jurídicos a nivel federal y estatal, como se ha hecho en materias de fiscalización, contabilidad gubernamental y transparencia, para que la rendición de cuentas tenga un mismo lenguaje; facilitar los mecanismos de denuncia para la persecución de todo acto de corrupción, público o privado; garantizar padrones únicos o nacionales tanto de servidores públicos sancionados como de empresas inhabilitadas; implementar una estrategia nacional por la dignificación del servicio público y mejorar sus condiciones salariales y laborales; continuar con las mediciones y programas específicos en la materia que permitan monitorear los avances en la percepción del empresariado, la ciudadanía y sectores o usuarios especializados de los trámites y servicios gubernamentales; abordar de fondo el tema de las obras, las adquisiciones y la prestación de servicios para que no se contrate a las empresas de amigos o empresas fantasmas, como podría ser un esquema de proveeduría única; impulsar los contenidos cívicos y de cero tolerancia a la corrupción desde los niveles básicos de educación a todo estudiante, entre otros muchos aspectos, para que el cambio en esta materia se retomé con el impulso y compromiso que se debe por todas las fuerzas políticas y sectores de nuestro país.

El compromiso es continuar con la reflexión y la invitación al debate de propuestas, proyectos e ideas entre los candidatos rumbo a una Agenda 2030, entre las que destacan algunas derivadas de encuestas, estudios o actores especializados como de la medición que realizaba hasta 2010 Transparencia Mexicana respecto al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno o del Estudio más reciente de 2017 de la OCDE sobre integridad en México, así como de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI que realizó en 2016 para contar con datos duros del impacto económico de la corrupción en la economía.

Pero para que esto
Ernesto Navarro.
ernesto_unam@yahoo.com.mx