Morelia, Michoacán.- “No me atrevería yo en este momento a establecer algún tipo de exoneración ni declarar algún tipo de culpabilidad”, expresó el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, respecto al proceso penal que enfrenta el diputado federal del PRD, Fidel Calderón Torreblanca, por supuestamente no comprobar el ejercicio de 70 millones de pesos de la partida de Ayudas Sociales que se le presupuesta a la Secretaría de Gobierno.
El pasado viernes, un medio de comunicación nacional publicó que Calderón Torreblanca, ex secretario de Gobierno durante la administración de Leonel Godoy Rangel, no habría comprobado el destino de 70 millones de pesos, según una auditoría concluida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), que data desde el 2012 y que motivó se interpusiera una denuncia penal en su contra.
Sin embargo, la Secoem interpuso otras 5 denuncias penales contra delegados administrativos y el ex secretario de Finanzas, debido a que el monto observado 236 millones de pesos de la partida presupuestada a la Secretaría de Gobierno en aquella administración estatal.
Al respecto, el actual encargado de la política interna opinó sobre el caso de Fidel Calderón, “no me atrevería yo en este momento a establecer algún tipo de exoneración ni declarar algún tipo de culpabilidad, en todo caso está en las instancias que estarán investigando el hecho y tanto esa como la administración nos corresponde es sujeto de ser auditado”.
Cuestionado sobre la coyuntura en la que se publica mediáticamente el proceso contra Calderón Torreblanca, tras críticas que ha pronunciado contra el gobernador Silva Aureoles Conejo y su apoyo al interés presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de gobierno respondió, “son valoraciones que cada quién puede hacer de su libre arbitrio”.
Aunque no supo precisar el monto asignado este año a la Secretaría de Gobierno para tal partida, si refirió, “el presupuesto de egresos del estado establece un capítulo de ayuda social que se registra para la secretaría de gobierno, es un capítulo en donde se atienden demandas de tipo social, con gente que tiene problemas de salud, problemas de vivienda, educativo, todo en la línea de lo que puede ser urgente y necesario, no como parte de un programa ordinario, sino como algo que deba ser atendido”.
Incluso señaló que se les ha solicitado a los legisladores locales sugerencias, para apoyar a las personas que requieran del apoyo de forma urgente. “Nosotros admitimos en el caso de los diputados locales que ellos nos puedan sugerir si tienen ellos alguna cuestión que atender de manera necesaria, y nosotros la obligación de atenderlo como lo hacemos con cualquier persona”, concluyó.