27 de Septiembre de 2016
Resulta extraño que dos importantes iniciativas enviadas por el presidente Peña al Senado sigan en la congeladora, sin que los legisladores priistas muevan un dedo por sacarlas adelante.
Ya todos sabemos que los tricolores fueron los primeros en echarse para atrás con los polémicos matrimonios igualitarios, por puro cálculo electoral.
Dé por sentado que la propuesta seguirá en la hielera, luego de las multitudinarias manifestaciones que se registraron en diversas ciudades del país en defensa de lo que los ultraconservadores llaman “la familia natural”.
Paradójicamente, el PRD salió al rescate de esta iniciativa en la Cámara alta. El anuncio no tiene futuro. El PAN tampoco la quiere.
Menos comprensible es que no se mueva la propuesta que el Ejecutivo envió, en marzo pasado, con la intención de poner bajo control de la Secretaría de Marina las 110 capitanías de puertos mexicanos con el fin de mejorar la protección y seguridad marítima, así como también transparentar la operación portuaria. Todo lo referente al aspecto económico y administrativo, incluidas licitaciones y concesiones, quedaría bajo la férula de la SCT.
La oposición más seria a esta iniciativa no viene del PAN o el PRD, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus aliados tricolores en el Congreso, nos dicen fuentes oficiales.
¿Ya dejaron sólo al Presidente? ¿Tan poderosos son los intereses que se afectan? ¿Por qué se suspendió el foro sobre el tema que se tenía programado en el Senado para el 21 de septiembre? Son preguntas.
Y es que hubo un extraño giro en la Cámara alta. Al principio fueron aplausos para la iniciativa de Peña Nieto que pondría las capitanías de los puertos bajo control de la Marina Armada.
El senador del PRI, Ricardo Barroso, presidente de la Comisión de Marina, la recibió casi con aplausos.
“Por el tema de seguridad esto va a venir a fortalecernos mucho más; vemos que la SCT y la Marina Armada de México van a lograr hacer una muy buena amalgama para no solamente dar la seguridad a la población, sino la seguridad a la inversión para que siga creciendo el sector marítimo en México”, dijo entonces.
Luego vino el silencio.
Los detractores de la iniciativa alegan que militarizaría el transporte de carga y de pasajeros en los puertos nacionales. No dicen, por supuesto, que la SCT no tiene barcos, no tiene remolcadores, no tienen salvavidas, no tienen con qué hacer frente a una emergencia ni cómo dar mayor seguridad en los puertos. El retraso en su aprobación ya trajo consecuencias que, probablemente, habrían podido evitarse de haber entrado en vigor la iniciativa.
Sólo en una semana hubo tres casos graves, uno de ellos con víctimas humanas. El de los cinco pescadores que murieron ahogados cuando un capitán de puerto le negó, en forma por demás absurda, la entrada a San José de los Cabos a un barco camaronero que zozobraba en medio del huracán Newton. El segundo es el de la lancha repleta de chavos y de bebidas alcohólicas que se volteó en Valle de Bravo. Nadie hizo nada.
El último es el del Burgos, barco de Pemex que vimos arder sin control durante días frente al puerto de Veracruz.
El tema no es menor. La apertura energética va a permitir a modernos y enormes barcos extranjeros explorar en aguas someras y profundas del territorio nacional con tecnologías que nos son desconocidas.
¿La SCT tiene capacidad de controlar sus movimientos?
Es todo un misterio el origen de la filtración sobre la liquidación de 1.2 millones de pesos que la CFE otorgó al actual presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, aun cuando lo suyo fue retiro voluntario. Dos nombres han sido puestos a circular en los corrillos políticos Blanca Alicia Mendoza, coordinadora general de Órganos de Vigilancia y Control (contralora de todos los contralores), otrora vinculada con el senador del PAN, Ernesto Cordero, y Mario Alfonso Cantú Suárez, coordinador general de Minería y operador de Ildefonso Guajardo.
A Blanca y a Cantú los une el pasado. La primera era subgerente de Conagua cuando el segundo fue director de Administración. Eran tiempos de Fox. A ella la señalan por ser una de las dos personas que poseían esa información. Tiene acceso a todos los documentos de nóminas, licitaciones, actas de entrega-recepción de gobiernos.
El otro que sabía la cantidad con la que fue liquidado Ochoa es el actual director de CFE, Jaime Francisco
Hernández. Pero él está descartado. Su exjefe es el presidente del PRI.
“Ochoa es atacado con información que tienen, en un inicio, los de administración de la CFE o el contralor, quien, a su vez, debe remitir la información a la coordinadora, es decir, a Blanca”, nos dice la fuente.
El exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, soltó ayer tremendo buscapiés al recibir la medalla Arqueles Vela como reconocimiento a su trayectoria y logros académicos que le entregó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El siquiatra, a quien en diversos momentos lo han mencionado como posible aspirante a “la silla”, recordó que Valentín Gómez Farías es el único médico que ha llegado a ser Presidente de la República.
¿Será el destape de Juan Ramón? Es pregunta.
El Consejo Estatal del PAN en el Estado de México avaló, el fin de semana, alianzas para la elección de gobernador del 2017. En otras palabras: de concretarse una coalición con otro partido, no habrá internas para elegir al candidato a suceder a Eruviel. El abanderado será designado. Pero si no se puede construir la alianza, aún queda la posibilidad de realizar una elección interna abierta a los aspirantes.