Ginebra.-México ha sido acusado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de “criminalizar” y obstaculizar el trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos.
El relator especial de la ONU, Michel Forst señaló que los trabajos de los defensores en territorio nacional ha sido criminalizada a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los podres, de las autoridades, para entorpecer o hasta paralizar el las actividades de promover y proteger los derechos humanos.
Por esta situación, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre México, luego de la visita que realizó en 2017, periodo en el que se encontró con autoridades de los estamento y poderes del Estado, además de reunirse con al menos 800 defensores.
En dicho documento el relator señaló la extrema violencia del país, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales.
Respecto a la actividad de los defensores, Forst indicó que su situación es muy precaria y que varios han denunciado ser criminalizados.
En el informe detalla que en los primeros diez meses de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 285 ataques contra defensores, mientras que la población denunció que de enero a mayo fueron 730 violaciones contra el colectivo.
El relator indicó que esta criminalización inicia con una denuncia de alegaciones infundadas, posteriormente siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, entre otros.
También denunció que frecuentemente el sistema judicial impone medidas contras los defensores sin respetar el debido proceso o sus derechos.
Otras denuncia fue que en ocasiones la criminalización surge de “pronunciamientos de funcionarios públicos”.
Ante estos datos, también el informe de Forst marca a México como un país peligroso para periodistas, ya que expone que más de 120 reporteros han perdido la vida en los últimos tres lustros y en su mayoría padecen de proceso judiciales a consecuencia de que políticos hacen uso a las leyes sobre difamación.