Morelia, Michoacán.- Los actos de corruptela se castigarán de manera seria y la omisión acabará en todo tipo de acto administrativo que se desempeñe de manera irregular, expuso el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel López Meléndez, luego de que el Congreso de Michoacán diera luz verde al Sistema Estatal Anticorrupción.
“El blindaje a ex funcionarios quedará extinto”, advirtió el coordinador del bancada perredista en la LXXIII Legislatura del Congreso local, al referir que mediante el sistema recién aprobado, se procederá en contra de todo funcionario que haya incidido en actos de corruptela.
Sin mencionar nombres o adelantar bajo qué términos se podrían girar los primeros procesos administrativos e incluso penales, resaltó que el gran pendiente del Congreso aterriza en la conformación del Tribunal Administrativo que se debe instalar, una vez que el Sistema Estatal Anticorrupción opere de manera regular.
“La ley federal nos mandata que se tienen que crear otras dos magistraturas, pero nosotros estamos viendo la posibilidad de que se amplíen, para que haya salas regionales en el estado, y así a los ciudadanos les quede más cerca y puedan acudir a denunciar a algún funcionario que esté haciendo mal las cosas”.
En torno a las sanciones que se impondrán a partir de que el sistema entre en vigor de manera efectiva, destacó que en él se prevé restar atribuciones a instancias como la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior de Michoacán, con la intención de que sea el fiscal anticorrupción a designarse, la principal autoridad a interceder ante un acto de corruptela.
En argumento final, el diputado emanado del Partido de la Revolución Democrática anticipó que a partir de que el Sistema Estatal Anticorrupción sea implementado de manera formal, se retomarán expedientes relacionados a irregularidades administrativas registradas en pasados gobiernos.
Ante ello, es importante mencionar que con las modificaciones realizadas al Código Penal de Michoacán, la LXXIII Legislatura avaló la posibilidad de que se impongan sanciones de hasta 20 años de prisión en contra de todo funcionario que resulte involucrado en actos de corrupción.