Morelia, Michoacán.- Sin detallar el destino que tendrán los recursos de aquellas dependencias que desaparecieron bajo el consentimiento del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, el Congreso del Estado recibió del Ejecutivo la Iniciativa de Decreto sobre fusión y extinción de dependencias gubernamentales de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Para consumo de nuestros lectores, es importante mencionar que entre estas modificaciones que propuso la administración silvanista destaca la extinción de cuatro dependencias y 11 organismos públicos descentralizados, como parte de la reingeniería respaldada por el mandatario estatal.
De manera específica, entre las dependencias que desaparecen se encuentran la Coordinación General de Planeación de Gabinete; la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano; la Secretaría de Desarrollo e Innovación, que pasa a ser Instituto; Sepsol, que pasa a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; la Secretaría de Pueblos Indígenas se fusiona con Sedesol, y la Procuraduría Fiscal.
A la par se extinguen: Fipaim; Asteca; Comisión para el Desarrollo de la Costa; Comisión de Ferias; Coplade; Fondo Mixto; Fomento Turístico; Centro Estatal; Instituto de Lenguas Indígenas; Comisión de Arbitraje Médico y el Centro Penitenciario Francisco J. Múgica.
Ya con el desglose de la iniciativa que se le entregó este lunes al Congreso del Estado, se omite detallar bajo qué mecanismos se distribuirán los recursos de las dependencias extintas, pues únicamente se establece que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado coordinará las adecuaciones presupuestarias y traspasos de recursos humanos, materiales y financieros, así como de activos patrimoniales.
“El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Contraloría, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal correspondientes, serán responsables directos y deberán concluir aquellas adecuaciones presupuestarias y traspasos de recursos humanos, materiales y financieros, así como de activos patrimoniales, en un plazo no mayor a 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto”, rezan los transitorios de la iniciativa.
Como se menciona, a partir de que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de decreto, sobre fusión y extinción de dependencias gubernamentales, la Secretaría de Finanzas, en un plazo no mayor a 90 días, deberá definir el rumbo que tendrán los recursos monetarios y humanos de cada una de las dependencias extintas.
Ello, se incluirá en la próxima sesión del Congreso del Estado a celebrarse el siguiente miércoles 5 de marzo, de manera que hasta ese día se conocerá bajo qué términos se aprobaría la iniciativa de ley que se hizo llegar desde el Ejecutivo del Estado.