Morelia, Michoacán.- En México, el 44 por ciento de las empresas otorgan sobornos a funcionarios públicos para poder operar, de acuerdo con la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, publica María amparo Casar en su texto “Anatomía de la Corrupción”, en el capítulo quinto “más allá del gobierno: empresas, ciudadanos y cultura de la legalidad”.
En el texto, la autora detalla que la encuesta no permite revelar si el acto de corrupción inicia por solicitud de algún funcionario público o por el empresario, pues señala de forma textual, “la encuesta no permite diferenciar si el acto de corrupción inicia del lado del político/burócrata o del empresario/empleado, pero las principales razones por las cuales estos últimos dicen haber tenido que hacer un pago de este tipo es, en orden descendente: para agilizar trámites, obtener licencias y permisos, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en licitaciones”.
Y agrega, “según la Encuesta de Fraude y Corrupción en México, 44% de los emprendedores y dueños de negocios se enfrentan a la ¨necesidad¨ de hacer un pago extra-oficial para poder operar, cifra que se acerca a la calculada por FTI Consulting: 57% de los empresarios entrevistados para su Índice de Corrupción y Comportamiento Ético considera que es necesario, en alguna medida, involucrarse en prácticas poco éticas para hacer negocios con el Estado Mexicano”.
En la encuesta, se señala que los motivos por los que se corrompen las empresas son para el 43 por ciento, para agilizar trámites; para el 32 por ciento, para obtener licencias y permisos; para el 21 por ciento, para impedir abuso de autoridad; para el 16 por ciento, ganar contactos y para el 11 por ciento, para participar en licitaciones.
En el libro, la autora también relata que los emprendedores se enfrentan a los actos de corrupción, pues redacta, “la repercusión más temida es la prolongación innecesaria y costosa de los trámites a los que está obligado cualquier empresario que quiera establecer un negocio o mantenerse en el mercado”.
De acuerdo con la encuesta mencionada, se señala que las consecuencias de no acceder a la corrupción son que, para el 47 por ciento, los tramites son más lentos; para el 27 por ciento son multas injustificadas; para el 21 por ciento son pérdida de contratos y otro 21 por ciento opina que aumentan los costos de operación; 7 por ciento señala falta de vigilancia e inseguridad.
No obstante, María Amparo Casar señala que “no es posible considerar a las empresas únicamente como víctimas de corrupción, sino también como beneficiarias. Este último punto, puede verse reflejado en los resultados de la 14ª Encuesta Global de Fraude, publicada por Ernst & Young en 2016 y que incluyó entrevistas a 2,825 ejecutivos de 62 países. De acuerdo con el estudio, no solo 82% de los 50 encuestados en México están de acuerdo con que las prácticas corruptas suceden ampliamente al hacer negocios en nuestro país (comparado contra el promedio global de 39%), sino que 70% (contra 42% a nivel global) estuvo de acuerdo con llevar a cabo al menos una de las siguientes acciones con tal de cumplir objetivos financieros”.
Finalmente, la autora, con base en la Encuesta de Fraude y Corrupción en México, detalla que el 33 por ciento de los pagos extraoficiales llegan a las arcas de los municipios; el 26 por ciento a los gobiernos estatales; el 24 por ciento al federal y el 17 por ciento a agencias públicas. Destinatarios de los “pagos extraoficiales” de las empresas por nivel de gobierno.