En Michoacán existen un total de 13 mil armas de todos los calibres registradas en Michoacán por parte de autoridades del Ejército Mexicano y por cerca de más de 934 supuestos autodefensas en el estado, lo anterior revela parte del informe rendido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al juez federal que valora el expediente del doctor José Manuel Mireles Valverde.

De acuerdo a ese informe presentado por la SEDENA  al juez que valora la inocencia o culpabilidad de Mireles Valverde,  se precisa que desde que se dio reconocimiento por parte del Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto a las autodefensas como parte de personas que buscaban servir a sus comunidades e integrarse a la legalidad como policías, se abrió un período de registro de armas, mismas que ha venido creciendo toda vez que desde el 9 de mayo del 2014 a la fecha se ha venido aumentando el registro de armas en posesión de particulares, elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Rural o la Fuerza Ciudadana.

Un 50 por ciento de las armas son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, y las otras en menor calibre son de uso personal de los ciudadanos. El juez tuvo conocimiento por parte de la defensa legal de Mireles Valverde que primero si hubo un acuerdo entre Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán; con el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; con el actual procurador del estado, Martín Godoy Castro y con los líderes de las guardias civiles armadas de distintos municipios.

En ese acuerdo se determinó no más movilizaciones ni expansión de las autodefensas, además de que las armas que usaron del 24 de febrero del 2014 al 9 de mayo del 2015, y que eran usadas ilegalmente, pero que los propios pobladores argumentan que la Federación se las dio para defenderse en ese tiempo de los criminales, deberían de ser registradas en módulos y en puntos ante elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el año 2012 se registró que en Michoacán había cerca de 6  a 7 mil armas de fuego, y desde el surgimiento de autodefensas hasta la conformación de las corporaciones estatales con Alfredo Castillo se registraron más de 13 mil armas de fuego tanto de autoridades federales, locales y municipios, pero además de que la gran mayoría son de los civiles armados o/y  de integrantes del crimen organizado.

El recuento del movimiento de liberación.

El 24 de febrero del 2013, en la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, y simultáneamente en el municipio de Tepalcatepec, se levantaron en armas ciudadanos civiles con rifles y pistolas de alto calibre para luchar contra el cártel de Los Caballeros Templarios, quien tenía el control de la mayoría de los municipios de la región de la Tierra Caliente.

José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora Chávez, además de Estanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo, fueron los líderes de este movimiento emancipados de los delincuentes que les cobraban derecho de piso en sus actividades productivas primarias, en pagos de secuestros, en cuotas por trabajar el campo, así como por las violaciones cometidas a sus esposas e hijas por integrantes de este grupo delictivo.

José Manuel Mireles Valverde inició un movimiento en el que por medio de camionetas balizadas con el nombre de autodefensas, y con armas de fuego comenzaron a ingresar a un total de 27 municipios michoacanos para organizar a los ciudadanos para que se unieran al movimiento e instalarán al consejo de autodefensas de los municipios de Coalcomán de Vázquez Pallares, de Chinicuila, Uruapan, Los Reyes, Tancítaro, Aquila, Coahuayana, Churumuco, además de Yurécuaro en la región del Bajío, entre otros.

Los líderes y fundadores iniciaron con un grupo numeroso de hombres y mujeres a invadir municipios y en su camino pelear con armas ante los criminales que custodiaban los pueblos. Lo anterior, se registró en junio del 2013 una fuerte balacera por parte de integrantes de los Caballeros Templarios quienes abrieron fuero a la caravana de autodefensas al entrar al municipio de Múgica, tierra natal de Enrique Plancarte.

Ante la expansión de municipios conquistados, la minimización del entonces gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, fue evidente al señalar un día ante los medios de comunicación que ese movimiento estaría disolviéndose en la medida de que avanzaban por territorio michoacano, sin embargo, la realidad es que fueron creciendo hasta conquistar Apatzingán, que para algunos era el corazón del surgimiento del cártel hegemónico y posteriormente ingresar a los municipios de Arteaga y de Tumbiscatío, localidades controladas por Servando Martínez, alías “La Tuta”, profesor normalista y fundador de Los Caballeros Templarios.

Cuando el movimiento de autodefensas duró en total autonomía sin que interviniera ninguna autoridad federal o estatal por más de casi un año. El 15 de enero del 2014, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien acababa de regresar de su enfermedad al Gobierno de Michoacán, pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, atención especial para Michoacán durante el 8 de enero del 2014.

Unos días antes en esa anualidad, los grupos de autodefensas incursionaron en la tenencia de Antúnez y en Apatzingán, el saldo fue que los criminales incendiaron vehículos en las carreteras de Michoacán para evitar la llegada de Mireles y compañía en busca de los líderes criminales.

La respuesta del Gobierno Federal ante la solicitud de Fausto Vallejo fue de inmediata, toda vez que el 14 de enero en Palacio de Gobierno, se convocó por la Presidencia de la República junto con el Poder Ejecutivo de Michoacán a todos los sectores a la firma del Acuerdo de Apoyo a la Seguridad en el estado.

A su arribó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Presidencia de la República asumirá el control de la seguridad y la procuración de justicia del estado. Con ello, el día siguiente se nombró al comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, para que coordinará las acciones federales en el estado.

Alfredo Castillo fue el interlocutor con los fundadores y líderes de las autodefensas, principalmente con José Manuel Mireles, Hipólito Mora y con Estanislao Beltrán. El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán señaló que se reuniría con los consejos de autodefensas para tratar de establecer acuerdos. Uno de los acuerdos fue que el 10 de mayo del 2014, los grupos de autodefensas dejarían de tener movilidad y desaparecerían, a lo que se integrarían a la Fuerza Rural, corporación policial del Gobierno de Michoacán.

Dicho acuerdo firmado en Aquila en el que estuvo presente Fausto Vallejo con Alfredo Castillo establecía que aparte de la desmovilización por municipios y sin portar uniformes, los grupos de autodefensas tendrían la obligación de registrar sus armas ante la Secretaría de la Defensa Nacional a más tardar el 10 de mayo de ese año.

A finales de abril de ese año se hicieron registros de armas por parte de los civiles armados ante las bases o cuárteles en el estado de Michoacán para darlos de alta como primera etapa de la conformación de la fuerza rural. Hoy este informe de la Secretaría de la Defensa Nacional es una prueba más de que el Estado ha permitido el arme de civiles, a pesar de que los niega ante los jueces federales que podrían dictar la sentencia de inocencia a Mireles y de otros 300 autodefensas que defendieron a sus pueblos y familias de los abusos del crimen organizado.