Este domingo se cumplen 103 años de que fueron firmados los tratados de Teoloyucan, en Estado de México, los cuales se firmaron en el marco de la revolución mexicana, en los últimos días del gobierno de Victoriano Huerta.
Huerta había traicionado al gobierno electo de Francisco I. Madero, perpetrando un golpe de estado contra este en el año de 1913, tal anécdota se conoce como la decena trágica. Ante ello distintos grupos políticos retomaron las armas para luchar contra el régimen de Huerta, que finalmente sería derrotado en agosto de 1914.
Los tratados básicamente señalaban que los miembros del gobierno de Huerta serían depuestos de sus funciones y procederían a otorgarle el control de la ciudad de México al ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como también suprimía la figura del ejército federal, mismo que había sido coparticipe tanto en el golpe de estado como en el gobierno instalado por Huerta.
Finalmente en el año de 1920 Carranza, ya como presidente, permitió el restablecimiento del ejército como institución y reabrió el colegio militar.
Este acontecimiento, aunque no tan conocido como otros, debe servir como recordatorio de cómo la ambición personal de Victoriano Huerta arrastró a la nación mexicana a una de sus etapas más sanguinarias dentro del periodo histórico de la revolución. Fue precisamente la falta de escrúpulos y de respeto hacia el institucionalismo cometidos por Huerta y sus aliados lo que desencadenó la ira y la movilización popular contra el apodado “chacal”.
Si bien es cierto que el gobierno de Madero se caracterizó por ser muy indeciso y hasta algo ingenuo, el político coahuilense siempre trató de mantener una política humanista y apegada a los principios democráticos e institucionales y eso es algo que no debe olvidarse.
Sin embargo, desgraciadamente parece ser que a buena parte de la clase política mexicana sí se le ha olvidado o desconoce esta parte de la historia. Reiteradas conductas por quienes ostentan el poder político, exhiben falta de institucionalismo serio así como también conductas alejadas de los principios de la democracia.
Basta observar las acciones de las autoridades responsables en las elecciones pasadas, donde se registraron serías violaciones a las distintas disposiciones legales en materia electoral tanto en Coahuila como en Estado de México, muchas de ellas permitidas y hasta auspiciadas por autoridades locales, socavando así el principio de respeto hacia la democracia y hacia las instituciones encargadas de garantizarla.
Estos últimos son apenas unos de muchos ejemplos que se han venido suscitando en el país en los últimos años, lo cual es triste y preocupante porque se evidencia que la democracia aún no ha encontrado una consolidación efectiva en la cultura política de nuestro país, ni tampoco lo ha hecho el respeto hacia el estado de derecho.
También es cierto que no pueden compararse las acciones de Huerta con la “mapachería” electoral de hoy en día en un estricto sentido, sin duda alguna las tácticas del primero fueron mucho más violentas que las que cualquier “mapache” pagado por algún partido pudiera hacer. Sin embargo en lo que sí coinciden es en la falta de creencia y práctica de una cultura democrática e institucional, tal vez con medios diferentes pero manteniendo el propósito de evitar el florecimiento de una democracia institucional autentica en el país, para así poder asegurar sus intereses políticos particulares.
Tal vez lo más decepcionante a la par que preocupante de los hechos que se comentan es que, tanto Huerta en su momento, como los actuales “mapaches electorales” de los distintos grupos políticos, resultan ser también un reflejo de una parte de la sociedad, que prefiere sacrificar la democracia y el estado de derecho con tal de saciar sus intereses particulares.
Esa mentalidad debe cambiar, porque si bien la democracia tiene muchos defectos, ésta ha sido la principal bandera de lucha de muchos mexicanos a lo largo de la historia. Así mismo esa mentalidad contraria al estado de derecho y de la democracia representa una inmadurez social y cultural por parte de distintos sectores del pueblo mexicano.
Si la sociedad mexicana desea acelerar el progreso, deberá modificar parte de su mentalidad para que la democracia, el institucionalismo y el estado de derecho puedan desarrollarse de manera eficiente, de lo contrario esa misma sociedad seguirá atrapada en la espiral de decadencia política en la que hoy se encuentra.